En
el año 2002 Argentina tenía el 50 % de la población en la pobreza y sin trabajo
o en condiciones laborales precarias, como consecuencia de las políticas neoliberales
implementadas, como ya explicamos en notas anteriores, desde 1976 por la
dictadura militar, y en democracia en la década de los 90.
A
partir del año 2003 en adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner implementaron un
cambio profundo de paradigma, pasando de un estado neoliberal a un estado
nacional. Así es que la desocupación se encuentra hoy en el 7,1 %; el PBI
creció a un promedio del 7,5 % anual entre 2003 y 2011, y comenzó la
reindustrialización del país.
En
notas artículos hemos explicado la importancia de la administración del
comercio exterior, del superávit comercial, y de las políticas fiscales y
monetarias en la construcción de este estado nacional y de este camino hacia el
desarrollo con inclusión social en que se encuentra Argentina hoy.
Los
fundamentos de esta afirmación sobre el cambio de paradigma se encuentran
entonces en las notas anteriores.
También
hemos mencionado que esta transformación productiva construida sobre la base de
nuestros propios recursos, tiene aun muchas asignaturas pendientes. El camino
hacia el desarrollo implica aun muchos desafíos por delante. Y uno de ellos es
el déficit habitacional.
Entre
2003 y 2011 el gobierno ha financiado la construcción de más de 680.000
viviendas para los grupos sociales más vulnerables. Esto significó un gran
impulso a la construcción, una solución para casi 3 millones de personas, pero
no cubrió el impresionante déficit de viviendas producto de la falta de
inversión durante décadas.
Los
bancos privados no otorgan en Argentina créditos para viviendas para los
sectores de menores recursos, ya que los bancos privados sólo buscan el negocio
seguro y de corto plazo.
Es
entonces una vez más que la intervención fuerte del estado es la única solución
para los requerimientos de una sociedad en crecimiento, y con nuevas demandas.
En
estos días de junio de 2012 el gobierno nacional anunció un Plan de
Viviendas inédito en la historia por sus condiciones de acceso y su magnitud.
Se
proyecta la construcción de 400.000 nuevas viviendas en un plazo de 4 años,
dirigidas a sectores sociales con ingresos “en blanco” desde niveles bajos
hasta medios. Es decir, este nuevo plan apunta al sector social que no tenía
acceso a la vivienda mediante una hipoteca de ningún banco privado.
Apunta
además a volver a dinamizar la construcción, en el contexto de una
economía que crecerá menos que en años anteriores por la crisis internacional,
como crecerán menos todos los países del mundo.
En
el primer año se podrán construir 100.000 viviendas con créditos a tasa
subsidiada por el estado nacional, otorgados por el Banco Hipotecario Nacional.
No
se “regalan” las viviendas, pero se subsidian las tasas de interés con
fondos del Tesoro Nacional, haciéndolo accesible para cientos de miles de familias que antes no podían
ingresar a ningún plan para obtener su primer vivienda.
Aquí
hay un punto muy importante para aclarar, respecto de los fondos estatales
que se utilizarán para financiar este Plan de Viviendas.
Las
mentiras y engaños de costumbre de los economistas neoliberales y de los medios
de comunicación hegemónicos, hablan de una vez más de la utilización de “la
plata de los jubilados”, una expresión falsa e incorrecta.
Es
falsa porque no existe tal “dinero de los jubilados”, como si fuera una cuenta
o “caja” individual, sino que existen aportes previsionales e ingresos
tributarios que se destinan a la seguridad social.
Vamos
a intentar aclarar este tema puntual.
Las
jubilaciones y pensiones se financian en Argentina en parte con los aportes de
quienes trabajamos, y en parte con impuestos nacionales (como un porcentaje de
la recaudación del IVA).
Es
decir, que los fondos para que las ANSES
(Administración Nacional de la Seguridad Social) pague dichas
prestaciones sociales, no sólo salen de los aportes solidarios intergeneracionales
de quienes trabajamos, sino también de otros ingresos públicos dispuestos por
ley.
De
hecho entre 2003 y 2011 se incorporaron al sistema previsional a más de 2
millones de personas que el período neoliberal había excluido.
Lo
que ocurre, es que el actual gobierno ha recuperado el sistema previsional
público, dando de baja otro resabio del neoliberalismo que eran las AFJP,
sistemas de jubilaciones en manos de empresas privadas con cuentas de
capitalización individuales que fueron una verdadera estafa.
El
estado recuperó las inversiones de las AFJP y creó con eso un Fondo de Garantía
de Sustentabilidad para el sistema público, que está invertido básicamente en
títulos y acciones. Estas inversiones son administradas ahora por el estado, y
dan ganancias.
El
Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se usa para el pago de jubilaciones, ni
para otros fines, sino que se invierten sus ganancias y este fondo sirve como
resguardo en caso de que en un período o ciclo futuro no haya ingresos fiscales
suficientes para abonar las jubilaciones.
Por
lo tanto es FALSO y engañoso decir que se está utilizando el dinero de los
jubilados para otorgar estos créditos para viviendas, por los siguientes
motivos:
1)
El subsidio
a la tasa de interés de estos créditos para la primera vivienda familiar, se
financia con aportes de 3.000 millones de pesos del Tesoro Nacional, que como
sabemos se conforma con los impuestos que pagamos todos los argentinos.
2)
El
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES invertirá (no gastará) en certificados de deuda del fondo
fiduciario que se constituye para que el Banco Hipotecario otorgue los créditos
para la vivienda. Estos créditos serán devueltos, y volverán al Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Como la cuota de los créditos es
un porcentaje de los ingresos demostrables de las familias que los tomen, no
hay posibilidad de una alta incobrabilidad.
Esta forma de
implementación de este Plan de Viviendas es novedosa, es un motor para
dinamizar la economía y una solución a una parte del déficit habitacional.
La fuente de
financiación es genuina, y no implica usar ningún otro dinero que no sea el que el estado debe
administrar. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES es de todos los
argentinos, y el Estado lo debe administrar haciéndolo crecer como en estos
últimos años en que se duplicó.
Como
queda demostrado, hay materias pendientes de resolución en Argentina que sin la
intervención de un Estado Nacional que priorice el bien común, los negocios
privados y el libre mercado jamás solucionarían.